Papeles del Psicólogo, 1989. Vol. (39-40).

SERAFIN PRIETO

Psicólogo Profesor de FP. Miembro del Consejo General de Formación Profesional

Nuestro ordenamiento jurídico vigente recoge el derecho a la orientación profesional corno una obligación del sistema educativo de proporcionar este servicio a los estudiantes tanto a lo largo de todo el sistema como en los cambios de ciclo o al final de la etapa escolar vinculándolas a las perspectivas de empleo¹.

Una vez abandonados el sistema educativo deberían ser los servicios públicos de empleo los garantes de este derecho. Así está reconocido tanto en la Ley Básica de Empleo² como en la Ley de Protección del Desempleo³, en donde se pretende, para lograr un mayor grado de transparencia del mercado de trabajo mediante una adecuada gestión de la colocación, la adopción de medidas que posibiliten la información, orientación y promoción profesional, cuya misión es competencia del Gobierno y se debe llevar a cabo mediante la acción coordinada de los distintos departamentos ministeriales a través del INEM, cuyas misiones son el proporcionar información gratuita a los trabajadores y colaborar en la calificación y clasificación de los trabajadores, mediando entre éstos y las empresas. Esta labor mediadora no se queda sólo circunscrita al ámbito de la información, orientación y selección, sino que debe de ir acompañada de acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación y reconversión profesional a favor de los trabajadores desempleados³. Este derecho está garantizado desde hace años.

También hay una serie de tratados internacionales ratificados por España, como la Carta Social Europea ⁴,en donde se reconoce este derecho para jóvenes y adultos. El propio convenio 142 de la OIT, igualmente ratificado por nuestro país, por los que se obliga a llevar a la práctica políticas y programas completos y coordinados en el campo de la orientación mediante los servicios públicos de empleo, teniendo en cuenta las necesidades, posibilidades y problemas en materia de empleo, «estas políticas tendrán como mira mejorar la aptitud del individuo de comprender su medio de trabajo y el medio social de influir, individual o colectivamente, sobre éstos».

El convenio señala que estos programas «deberán alentar ayuda a todas las personas, en un pie de igualdad y sin discriminación alguna, a desarrollar y utilizar sus aptitudes para el trabajo en su propio interés y de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades de la sociedad⁵.

A pesar de este reconocimiento expreso no se han desarrollado las medidas y dotaciones necesarias para afrontar la implantación de un sistema público de orientación profesional, esta preocupación fue recogida en el Acuerdo Económico y Social (AES, 9-10-84) y de hecho hoy nos encontramos con una situación tremendamente grave que afecta a amplios sectores sociales, por la falta de desempleo que tiene nuestro país, que a pesar de los recursos que se están empleando en medida de fomento de empleo y de formación su eficacia se ve disminuida al faltar el «nexo» entre los destinatarios y las medidas.

La Ley General de Educación, al establecer dos subsistemas en las enseñanzas medias, conduce en la práctica a una profunda discriminación entre los adolescentes que a los catorce años se les asigna un destino académico y profesional. Se trata de una asignación y no de una elección no sólo por la falta de madurez propia de la edad, sino también por la ausencia de orientación profesional, y ésta se ve más agravada para aquellos que van a formación profesional no como fruto de una elección, sino que al no haber obtenido' el graduado escolar tienen en la práctica menos posibilidades de escoger una especialidad, ya que las profesiones de «cuello blanco» o de moda son elegidas por los alumnos más capacitados.

Los mecanismos correctores aplicados hasta la fecha, como son el aumento de los equipos de orientación y del profesorado, junto con las mejoras en cuanto a calidad de la enseñanza, a través de los CEPS, no han podido disminuir la tasa de abandonos que se siguen dando, especialmente en primero de FP-I, que se sitúa alrededor del 30 por 100, tasa similar a la del fracaso escolar al término de la EGB.

La falta de orientación profesional se manifiesta en un doble aspecto: por un lado, debido al sistema en sí mismo considerado. Intrínsecamente el sistema adolece de defectos estructurales graves, de aquí la necesidad de la reforma que el propio Gobierno va a aprender, y por la poca conexión de éste con las necesidades del mercado de trabajo, que se manifiesta en una red de centros desestructurada de las posibles demandas reales. Y por otro lado, en la desconexión existente entre estos servicios y los de empleo, parte de la carencia de «técnicos» formados para la tarea y de elementos como repertorios de profesiones-ocupaciones actualizadas con perfiles aptitudinales para llevar a efecto una orientación de calidad con una mínima garantía de éxito.

El Libro Blanco de la reforma, por un lado, presenta un modelo de orientación que parece que va a terminar con las situaciones de fracaso y de abandono escolar, pero en los aspectos profesionales de la orientación no efectúa ninguna nueva aportación, lo cual no deja de ser preocupante.

En el curso pasado nos encontramos con que al menos 250.000 jóvenes entre catorce y quince años estaban sin escolarizar⁶ y carentes del título de graduado escolar o de formación profesional. En el tramo emprendido entre los dieciséis y dieciocho años esta cifra se eleva al medio millón de jóvenes. A partir de los diecinueve hasta los veinticinco años la cifra aumenta hasta los 850.000, aunque un alto porcentaje le éstos tienen otro nivel de estudios⁷, pero carecen le FP, esto hace que España posea la tasa de desempleo juvenil más alta de la CEE, del orden del 50 por 100; las posibilidades reales de inserción laboral son muy difíciles en estas circunstancias, sólo empleos precarios o el mundo de la marginación parecen las alternativas más seguras para gran número de ellos.

Los parados de larga duración, dado su elevado número y unido a su enorme déficit de formación de base y baja cualificación profesional, constituyen otro Contingente susceptible de orientación profesional.

Estos jóvenes, junto con el resto de los parados sólo tienen accesos a los cursos del plan de formación e inserción profesional (plan FIP), cofinanciado por el Fondo Social Europeo⁸, con una dotación presupuestaria superior a los 100.000 millones de pesetas, pero a pesar de que en su reglamento se exige que se incluyan acciones de motivación y de orientación profesional, en principio se duda de que con una plantilla de personal técnico formada por 99 personas en 1988 puedan recibir orientación profesional los 360.000 alumnos que pasaron por estos cursos, aparte de alguna clasificación meramente administrativa⁹, y condiciona el aprovechamiento máxime cuando la duración media de los cursos estaba en 1988 en doscientas cincuenta y dos horas por alumno. Si a esto añadimos que los cursos no se evalúan nada más que por la asistencia, y posteriormente ignora el porcentaje de inserción laboral que producen como consecuencia de la formación recibida.

Las consecuencias de la no existencia de un sistema público de orientación profesional son evidentes; por un lado, se desaprovechan los recursos presupuestarios, los cuales se han incrementado notablemente en los cuatro últimos años, y por otro, se hace un flaco favor a las personas que lo reciben, ya que generalmente no reciben la formación que necesitan y la que se les da no es la más adecuada a su nivel de conocimientos, aptitudes y expectativas.

Tanto desde el sistema educativo como desde el de formación y empleo, se debe hacer realidad de una forma inmediata los servicios de orientación, sobre todo si no se quiere seguir con el despilfarro que puede suponer para el país las próximas concesiones del Fondo Social Europeo, que en conjunto para los próximos cuatro años va a suponer el billón de pesetas.

La orientación por sí sola no va a resolver el problema del paro ni de la formación profesional, pero puede ser el nexo entre los sistemas de formación y de empleo, rentabilizando tanto los recursos económicos como los humanos.

Los servicios de orientación deben tener un enfoque multidisciplinar, donde cada titulado, psicólogo, pedagogo o sociólogo, debe jugar su propio rol específico y diferenciado.

Y un enfoque politemático de información, asesoramiento, tutelaje, tanto en medidas de fomento de empleo como de economía social, cooperativas para jóvenes, parados, asegurando su viabilidad futura con las ayudas técnicas necesarias con el fin de canalizar y aprovechar al máximo tanto la creatividad como las aptitudes de las personas.