Papeles del Psicólogo, 1989. Vol. (41-42).

ANTONIO GALLEGO GALLEGO Y MIGUEL LÓPEZ CABANAS

Coordinador de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Parla. Coordinador de programas de Servicios Sociales de la FEMP , vocal de Psicología de la Intervención de la Delegación de Madrid del COP, respectivamente.

A primera vista puede resultar extraño para el lector no familiarizado con los Servicios Sociales que actualmente se están implantando en nuestro país el hecho de que un programa de carácter comunitario de Orientación Social profesional se realice desde este área de Intervención Social. Resulta necesario, por tanto, una breve introducción sobre el marco donde se ha desarrollado el presente programa.

Los Servicios Sociales han observado un profundo cambio en los últimos años, pasando de unos antecedentes beneficoasistenciales, a empezar a constituirse con la llegada de la democracia, en un nuevo Sistema de Protección Social, en donde se reconoce a los ciudadanos el derecho a unas prestaciones sociales básicas.

En este proceso el desarrollo legislativo ha sido muy importante, contando hasta la fecha casi todas las Comunidades Autónomas con su propia ley de Sociales. La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, promulgada en 1985, ha facilitado su implantación al reconocer competencias y obligación de los municipios mayores de 20.000 habitantes en la aplicación de prestaciones de Servicios Sociales.

Los principios básicos que recogen las distintas leyes (universalidad, prevención, globalidad, integración, coordinación, etc.) ratifican unos Servicios Sociales dirigidos a todos los ciudadanos (y no exclusivamente a los sectores marginados) ya que en lo social, como en otras áreas, la prevención debe dirigirse a toda la población en general y a los grupos de riesgo en concreto desde los tres niveles clásicos de intervención (primario, secundario y terciario). Sin embargo, este enfoque, que supone romper con el modelo de espera, dejando de realizar exclusivamente una atención individual ante demandas de los usuarios, se enfrenta actualmente con un insuficiente desarrollo metodológico y conceptual que permita conocer la etiología de los conflictos sociales, tanto a nivel general como sectorial, posibilitando, posteriormente, incidir de forma preventiva sobre los mismos.

La experiencia descrita viene desarrollándose desde el año 1985 en los Municipios de Parla y Fuenlabrada. Ambas ciudades se encuentran situadas en la zona sur de Madrid, configurándose como dos núcleos urbanos pertenecientes al Area Metropolitana y cuyas características de desarrollo son muy similares.

Como resultado del desarrollo industrial de los años setenta y setenta se produce, debido a la saturación de la capital, un traslado hacia puntos de apoyo metropolitano, especialmente de los sectores de rentas más deprimidos, cuyo poder adquisitivo no les permite comprar vivienda en Madrid, convirtiéndose estos en Municipios en las denominadas «ciudades dormitorio».

A principios de los años setenta se inició un proceso inmigratorio que ocasionará un rápido crecimiento poblacional, llegando a estos núcleos una población de marcado carácter obrero procedentes de diversas Comunidades Autónomas (Castilla-León, Castila-La Mancha, Andalucía, Extremadura) y de la capital.

La tabla 1 nos permite observar esta evolución:

La estructura de edad es muy joven, agrupándose la población en torno a las cohortes de cero-nueve años y treinta-cuarenta y cuatro años, situándose la tasa de dependencia infantil en torno a un 80 por 100, estando un 35-40 por 100 de la población en edad escolar.

El nivel de instrucción de la población es de los más bajos de la Comunidad Autónoma, situándose la tasa de analfabetización en Parla en torno a un 4,5 por 100 y en 2,8 por 100 en Fuenlabrada. Por otra parte, ambos Municipios presentan la proporción más baja de población que ha alcanzado el nivel de bachiller superior (6,4 por 100) y de estudios universitarios (0,5 por 100).

La situación de crisis económica se ha hecho notar, lógicamente, en estas poblaciones, siendo el sector juvenil uno de los más afectados. El paro juvenil se sitúa en torno a un 30 por 100 en Fuenlabrada, mientras que en Parla alcanza el 35 por 100, siendo el paro total de un 18 por 100, aproximadamente.

El análisis del perfil sociodemográfico descrito, así como una serie de indicadores sociales, entre los que destacan:

Fueron determinantes en la prioridad del programa.

Si tenemos en cuenta que todavía en nuestro país existe un vacío de dos años entre la edad en que se puede finalizar la escolarización obligatoria y la edad laboral, nos damos cuenta que tanto el contexto familiar y sociocultural de ambas poblaciones, como los indicadores señalados, determinaron que se definiese como grupo de riesgo a los adolescentes que finalizaban la EGB y que, de no remediarse, un elevado porcentaje de ellos encontraría en la «calle» su espacio de socialización y formación, empezando en no pocos casos la «cadena de marginación». Disminuir, por tanto, el porcentaje de adolescentes que tras finalizar la enseñanza obligatoria abandona todo tipo de estudios y/o preparación profesional era una tarea prioritaria de los Servicios Sociales desde su óptica preventiva.

Alcanzar el objetivo anteriormente señalado resultaba difícil si no se encontraban recursos humanos suficientes para poder llevar a cabo una intervención con un nivel de eficacia elevado ante una población que cursaba 8º de EGB de 2.300 alumnos (curso 1985- 86) entre ambos Municipios.

Para solventar este problema se contactó con la Facultad de Psicología de la UCM (Departamento de Psicología Diferencial y del Trabajo) con objeto de establecer convenios de colaboración que permitieran la realización de prácticas a alumnos en formación y una intervención comunitaria que de otro modo hubiera resultado imposible.

Fruto de los diferentes convenios firmados hasta la fecha cabe destacar la creación de una comisión mixta compuesta por profesores universitarios y técnicos de las Delegaciones de Servicios Sociales, cuya función principal es el diseño, programación, supervisión de las diferentes fases y evaluación del programa.

Durante los cuatro cursos consecutivos en que se ha realizado el programa han participado 392 alumnos universitarios, alcanzando su intervención a 12.000 escolares de 8º de EGB, aproximadamente.

Desde este programa la elección que se realiza al finalizar los estudios obligatorios se considera como un proceso de toma de decisiones en el que los sujetos deben ser entrenados para que puedan elegir ellos mismos, previniendo los posibles conflictos que decisiones inadecuadas puedan tener para los individuos. Se trata de enseñar a elegir, formando capacidades y competencias en tal sentido.

En un programa diseñado con los parámetros básicos de la Psicología Comunitaria no tiene cabida la clásica orientación vocacional, en donde se aplican diversas baterías de pruebas y se entregan informes escritos con numerosas «cifras y gráficas», recomendando finalmente lo que debe estudiar cada sujeto, o lo que en ningún caso debe realizar. Por el contrario, los objetivos señalados en este programa fueron:

El programa de Orientación Socioprofesíonal consta de siete fases diferenciadas, desarrolladas a lo largo de ocho meses, aproximadamente:

Fase previa: Consistente en la presentación a lo centros escolares del programa el establecimiento de calendario de trabajo, el sistema de coordinación a establecer y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la puesta en marcha del programa.

Presentación de los orientadores en los centros: En reuniones concertadas previamente se presenta a cada equipo de orientadores en el colegio donde intervendrá en los sucesivos meses. En la reunión están presentes representantes de la dirección del centro los tutores de 8º de EGB y un técnico de la Delegación de Servicios Sociales que hace las presentaciones pertinentes, enmarca el programa, explica lo objetivos generales y la sistemática organizativa a mantener entre las tres instituciones implicadas: Facultad, Colegios y Ayuntamientos. A continuación los orientadores exponen los objetivos específicos y la metodología para alcanzarlos, estableciéndose un reparto de tareas y responsabilidades con los tutores.

Toma de contacto con los alumnos: En sesión colectiva los orientadores establecen la primera relación con los escolares, presentándose personalmente y explicando en qué va a consistir la actividad que van a realizar, cuál es su utilidad y carácter (haciendo hincapié en la voluntariedad) y motivando hacia el proceso que se inicia.

En función de la evaluación del programa, en el segundo año de realización (1986-1987) se introdujo después de la presentación colectiva una entrevista individual con cada uno de los jóvenes participante con objeto de implicarles más directamente en el desarrollo de la intervención.

Fase de autoevaluación: Se pretende un objetivo doble:

Fase de información: En las siguientes sesiones se informa de las posibilidades reales que existen, considerando las exigencias y compensaciones características en cada uno de los caminos posibles. Se utilizan dos clases de materiales o recursos:

De forma paralela se realizan charlas informativas con los padres de estos adolescentes, utilizando como material de apoyo un dossier informativo sobre las alternativas que tienen sus hijos.

Fase de orientación: La orientación individual es propiamente la culminación del proceso. Su finalidad es reforzar las decisiones que puedan considerarse válidas y realistas, apoyando y motivando la planificación de su futuro académico y/o laboral. En los casos en los que existe bloqueo, indecisión en la elección, o ésta se considera inadecuada, precipitada o poco realista, es necesario llevar nuevamente al sujeto al análisis de su situación, examinando los aspectos erróneos y estableciendo los sistemas de solución apropiados.

Fase de inserción: Esta fase supone la realización del seguimiento de todo el proceso anterior. Una vez concluida la orientación a los alumnos es necesario articular un sistema que nos permita evaluar si los sujetos que han participado en el programa quedan o no «descolgados». Así pues, esta fase se inicia al comenzar el siguiente curso escolar, identificando a través de distintos procedimientos (comparación de listas, matriculaciones, etc.) qué sujetos, de los que participaron en el programa el curso anterior, no realizan ninguna actividad.

Una vez identificados y tras un proceso de valoración individual se diseñan distintas actuaciones en función de las problemáticas de cada joven: escuelas taller, casas de oficio, taller de orientación juvenil para la búsqueda de empleo, etc.

El objetivo fundamental de esta fase es posibilitar la transición a la vida activa de aquellos adolescentes y jóvenes que al término de los estudios obligatorios no realizan ninguna actividad académica y/o laboral, ofreciéndoles alternativas válidas de formación y capacitación socioprofesional.

De forma general cabe destacar que en los sucesivos años que se viene desarrollando el Programa se ha conseguido reducir el porcentaje de abandono de la formación educativa al término de la EGB a un 14,7 por 100, porcentaje que, aunque elevado, es 12 puntos inferior al existente al comienzo del programa en 1985, habiendo prevenido así que un gran número de adolescentes quedaran «descolgados» e iniciaran un proceso de inadaptación social.

Antes de concluir, quisiéramos señalar tres aspectos que deben merecer una reflexión en torno a los Programas de Intervención Social: