Papeles del Psicólogo, 1992. Vol. (54).

CÉSAR R. GALÁN CUELI.

Director del Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales

Cerca ya del fin del milenio y a pesar del desarrollo social alcanzado, todavía sigue existiendo un profundo hiato entre las demandas sociales, expresadas por los colectivos más desfavorecidos, y las políticas institucionales que desde el Estado (¿del bienestar?) se ofrecen como respuestas de orden político-organizativo.

Recorreremos A Fondo ambas perspectivas, por un lado algunas consideraciones sobre la política social desde el lugar institucional ad hoc: El Ministerio de Asuntos Sociales, y por otro reflexiones sobre demandas sociales de sectores de la población que insisten en su derecho a ser atendidos convenientemente (minusválidos, jóvenes viejos).

En medio: los psicólogos (además de otros profesionales) que, atrapados entre ambos polos, se esfuerzan en contribuir con su trabajo profesional a la mejora de la calidad de vida de la población en general y de la más necesitada en particular.

Vivimos en el escenario europeo e internacional en unos momentos históricos de cambio en los que la competitividad es planteada, por importantes sectores de la sociedad, como un elemento determinante para el crecimiento económico en los próximos años, y por otros sectores más reducidos de la sociedad como un instrumento para condicionar, de forma determinante, el desarrollo de las políticas sociales y de bienestar.

Hace no más de una década con la argumentación de que el gasto público era el principal causante de la pérdida de capacidad productiva de los países, que existía una ineficiencia burocrática de las administraciones, de los servicios públicos, en la prestación de servicios dé bienestar social, y haber perdido dichas políticas legitimidad, apoyo de la opinión pública que había transformado el viejo objetivo hacia la igualdad en un objetivo hacia la seguridad de aquellos que trabajan, se produjeron importantes recortes en las políticas sociales de USA y el Reino Unido.

Sin embargo, la experiencia empírica de más de diez años de «crisis» del bienestar, mostró que las sociedades que trabajan en el bienestar social de la población sobreviven a la competencia internacional de una economía globalizada manejando los recursos humanos de la manera más efectiva, jugando un o un papel muy importante a la hora de redistribuir el trabajo entre hombres y mujeres, entre personas de diferentes edades, y generan la cohesión y estabilidad básica para mantener un crecimiento económico sostenido.

La redistribución, mediante impuestos, transferencias y gasto en servicios sociales, se ha demostrado efectiva, si bien el desempleo se ha convertido en el talón de Aquiles de las políticas de bienestar lo que ha provocado, de forma implícita, la necesidad de desarrollar acciones y políticas de actuación del mercado de trabajo, de creación de empleo, de formación y reciclaje permanentes.

Hoy, como ayer, como hace apenas unas décadas, parece volver a repetirse la misma estrategia, con argumentos distintos, pero similares.

Recientes estudios comparativos en países capitalistas avanzados (EE. UU., Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia), sobre la efectividad de las políticas desarrolladas a la hora de afrontar los retos de la competitividad internacional, muestran diferentes resultados. Aquellos países que adoptaron recetas propias de una escuela de pensamiento que se centraban en el apoyo a los aspectos económicos, en el caso de EE. UU. y Gran Bretaña, el crecimiento económico fue menor y se ha producido una mayor dualización social.

El dualismo social generado en estas sociedades no sólo es una desventaja para esa minoría de fuerza de trabajo que queda excluida de los niveles de prosperidad, sino que además suministra trabajadores reserva de mano de obra, en un sentido que erosiona la propia organización de los trabajadores. El sector informal del mercado de trabajo se ha convertido en un amortiguador a la baja en la negociación de conflictos entre las organizaciones sindicales y el empresariado, allí donde aquéllas eran más débiles.

Las políticas de apoyo a los aspectos económicos tenían en común la liberalización a las empresas privadas de diferentes cargas en base a bajos impuestos sobre las rentas personales de los sectores sociales más privilegiados y a las empresas, la desregulación de las rigideces legales y del mercado de trabajo, los bajos costos laborales y la imposición de disciplinas laborales.

Aquellos otros países que optaron por medidas de «política industrial, de educación y de movilización de recursos públicos» para apoyar los esfuerzos de la iniciativa privada, lo que supuso un incremento público del gasto, inversiones en sectores importantes de la economía, mejora del capital humano, apoyo al acceso de los productores nacionales en el mercado extranjero, etc., tuvieron mejores resultados.

Aquellas políticas que se destinaron a mejorar la calidad de los productos y a incrementar la productividad (incentivando la formación y los espacios de negociación y consenso), aumentaron sus posibilidades de competencia, abriendo ganancias de altos ingresos en nuevos sectores industriales, al incorporar valor añadido.

La asunción, de forma colectiva, de la responsabilidad de la cualificación individual para el mercado de trabajo se convirtió en un factor determinante de las políticas sociales, unido a una disciplina económica en el gasto social destinada a evitar costes innecesarios.

En estos países la «crisis» ha sido de crecimiento y ha supuesto una reestructuración del bienestar, avanzando hacia un estado de bienestar complejo y mixto, con una presencia cada vez mayor de la sociedad civil y del mercado, con un pluralismo en la intervención y con estructuras cada vez más descentralizadas y participativas.

Las tendencias actuales, en la gestión del bienestar, apuntan:

• la garantía del estado en el reconocimiento de los derechos sociales,

• la necesidad de la coordinación para la producción de bienestar social, la producción mixta, y

• la necesidad de la democratización en las formas de participación.

La presencia cada vez más importante de actores sociales, que uniendo acción colectiva y bienestar plantean la necesidad de asumir solidariamente la cuota de responsabilidad que a cada uno corresponde, tanto en situaciones de crisis como en situaciones de expansión económica, es uno de los nuevos rasgos.

Hoy se habla de construir un estado promotor de bienestar, que no puede ni debe ocupar espacio allí donde la iniciativa social pueda desarrollarse.

Cuando se mira el pasado con una perspectiva menos inmediata y se observan las políticas de bienestar desarrolladas por los estados europeos desde su constitución, se observa que el desarrollo de las políticas sociales ha atravesado diferentes períodos históricos a lo largo de los últimos siglos.

Si en el siglo XIX se centró la formulación del bienestar, sobre todo, en las familias pobres; a inicios del siglo XX, en sus primeros años, se introduce el concepto de asistencia social.

Tras la Segunda Guerra Mundial aparece el concepto de estado de bienestar apoyado en los regímenes de seguridad social.

Con el avance de países del Norte de Europa se empieza a hablar de una sociedad del bienestar asentada en las necesidades de los ciudadanos y en lo que algunos han empezado a denominar como la ciudadana social, una nueva redistribución social del tiempo.

Si el sentido único de la historia que avanza en progreso se ha roto, si la complejidad de las sociedades manifiesta las dificultades de avanzar en el desarrollo de nuevas políticas sociales no es menos cierto que el desarrollo de las políticas sociales cuenta con el apoyo de los ciudadanos. En aquellos países, como EE. UU. y el Reino Unido, donde ha habido recortes importantes a los gastos de bienestar Social, la mayoría de la población manifiesta que las diferencias entre los niveles de ingresos son demasiado grandes, que quienes tienen mayores ingresos deberían tener mayores cargas fiscales, que los gobiernos han de responsabilizarse en proveer atenciones sanitarias, educativas y sociales para todos aquellos que lo necesitan, y que ha de tener una mayor intervención para asegurar el crecimiento económico de su país.

Desde sus primeros momentos las políticas sociales nacieron para dar respuesta a los procesos de desigualdad social, a las necesidades sociales de las capas más amplias de la población, con una perspectiva ajena a los procesos de dependencia o exclusión social, destinadas a activar productiva y socialmente a los colectivos más desfavorecidos de las sociedades. Las políticas sociales tienen en las necesidades sociales la razón de ser de su intervención, pero van mucho más allá, al considerar los procesos de bienestar y malestar social como un continuo dialéctico que permite mejorar los procesos de intercambio social.

Las transformaciones recientes de la sociedad española, en el marco de los cambios acaecidos en Europa y en el mundo, sitúan el mercado de trabajo como un factor determinante de los nuevos procesos de desigualdad social. Los empleos han pasado de determinar el nivel de renta de las personas, su posición en la estructura social y el modo en como organizan sus vidas.

La reorganización del mercado de trabajo ha producido efectos esencialmente en los jóvenes, las mujeres y los mayores que han empezado a convertirse en depositarios del malestar social, a los que se unirán en las próximas décadas, los desempleados poco cualificados y aquéllos que fracasan en los procesos educativos y de formación.

Cuando se evalúan los procesos de cambio social vividos en nuestro país y los efectos de las políticas diseñadas en las clases sociales, colectivos y individuos, se pasa del terreno de la objetividad de los procesos a la subjetividad de los mismos, introduciendo posibilidades de transformación.

El malestar, que tiene un componente individual por el solo hecho de la inserción del sujeto en la cultura, tiende a generalizarse en colectivos de jóvenes de las clases trabajadoras y bajas que ante los problemas de desempleo, de precariedad en el mismo o dificultades para el acceso a una vivienda, empiezan a articular nuevos modos de comportarse, de importantes consecuencias para la sociedad.

La «productivización de la pasividad», la instalación en la pasividad, en el paro, y su conversión en algo productivo parece ser una de estas nuevas formas. Trabajar una temporada, trapichear mientras se está en el paro, obtener ingresos mínimos, empiezan a ser nuevas formas de vida que ponen en entredicho la actual estructura productiva.

Las mujeres de las clases medias y de las clases bajas que se han incorporado a un mercado de trabajo en profesiones de bajo nivel, estas viviendo como el discurso de una mujer moderna, independiente, joven, que obtiene la «liberación» a través de su trabajo, está significando la doble jornada, el alejamiento del medio cotidiano, .la mediatización de las relaciones, la competencia con el hombre, la supeditación a una jerarquía, la falta de un tiempo libre.

Para muchas de ellas el problema se plantea en términos de identidad, de confusión entre sus necesidades sentidas y las necesidades artificiales y discursos, creados tanto a través del consumo como de la publicidad.

Cuando se les pregunta sobre su identidad no suelen sentir qué son; aparecen siempre referencias constantes al tener, tener objetos, tener posición social. Si asumen los nuevos roles que les otorga el consumo, la propiedad o la producción, se sienten como malas madres, pierden la razón. Si se quedan en casa no tienen espacio y se viven al margen. Aparece la mujer fragmentada, o lo uno o lo otro.

Sus vivencias de malestar social se transforman en enfermedades, en somatizaciones, en malestar que apenas tiene voz.

Las personas mayores han visto como en una sociedad en la que dominan los valores de producción, competitividad e incluso juventud, la pérdida del papel productor les deja en el campo de la desigualdad. Al quedarse al margen del circuito productivo pueden encontrarse en situación de marginalidad.

Su malestar viene dado por la naturaleza, que marca una dirección irrevocable hacia la muerte, de la que sólo es posible salir estando vivo, activo, productivo a través de la cultura. Cuándo el cuerpo envejece y la sociedad no permite ciertas formas de producción, la cultura salva de la muerte. En ese sentido el orden social protege, o al menos tendría que hacerlo, de la naturaleza, del envejecimiento del cuerpo.

Sus demandas se dirigen, no a reforzar su dependencia y marginación, sino a suscitar toda su capacidad personal, independencia y emancipación. Quieren que se les refuerce su autonomía personal, su capacidad de iniciativa, su poder de autocontrol y su más plena libertad de movimientos. No quieren recibir exclusivamente, quieren que se cuente con su saber hacer.

Las políticas sociales han de dar respuesta a estos malestares, a estos nuevos efectos que los procesos de transformación de las sociedades están generando en los colectivos, buscando la promoción de los mismos.

El papel de la Psicología, de los trabajadores de la Psicología en este contexto de desarrollo de sociedades de bienestar, de aparición de nuevos malestares sociales pasa, a mi entender por tres grandes ejes:

1. Contribuir a desarrollar todos los potenciales formativos y productivos de los diferentes colectivos sociales que componen nuestra sociedad, es decir, contribuir a desarrollar todo el potencial en recursos humanos de que disponemos, que constituye siempre la mayor riqueza de los pueblos y de las naciones.

En el campo de la industria y del trabajo, de la formación y de la educación, de la salud y del bienestar social resulta imprescindible la aportación de la Psicología y de los psicólogos/as. Si las primeras generaciones que salieron de las facultades españolas encontraron el terreno de lo que entonces se llamaba la «Psicología Industrial y de la Psicología Educativa», sus campos de trabajo, comí el paso de los años las áreas de salud y bienestar social han venido entendiéndose y empiezan a configurarse como una de las áreas de mayor incidencia en las próximas décadas.

2. Afrontar las situaciones de desigualdad y malestar social, desde una perspectiva amplia, no reduccionista, que enfocando lo individual, grupal, institucional, comunitario y social reincorporen a los sujetos a su dimensión más plena.

Trabajar con el malestar y el bienestar, con la desigualdad social, la pobreza y la marginación desde la Psicología, exige de un proceso de formación permanente y siempre inacabado, para no convertirse en una expresión más de malestar.

Trabajar por la inserción social, promover la participación devolviendo a los ciudadanos los logros, las dificultades, los problemas que surgen y los nuevos efectos que se van produciendo, y generar nuevas ofertas ante las demandas de los ciudadanos, convierten la relación demanda-oferta en algo no cronificado y transforman los contenidos de malestar en posibilidades de transformación real de los individuos y de sus entornos.

3. Incorporar a la objetividad de los procesos y de las intervenciones, la subjetividad social. A la objetividad de las políticas educativas, de empleo o sanitarias, de servicios sociales de bienestar hay que incorporar un saber más atento a los sujetos, a sus sentimientos y vivencias, más cercano a la realidad.

Es esta triple perspectiva la que irá incorporando un saber a la comunidad científica que permitirá romper la sinrazón de unas lógicas con frecuencia excluyentes, las deseconomías de unas propuestas que, en la fascinación por el número, se olvidan que son instrumentos al servicio de los seres humanos.

Material adicional / Suplementary material

Tabla 1. Polices Introduced in the 1970s and 1980s in five industrialised countries.