Papeles del Psicólogo, 1992. Vol. (54).

JOAN HUERTA PÉREZ. SANTIAGO PORTA DÓVALO.

Psicólogos. Técnicos de Servicios Sociales.

El hilo conductor de este artículo no es otro que exponer nuestro creciente preocupación por desarrollo de los Servicios Sociales Generales Comunitarios, en la medida que vemos como s alejan, por diferentes razones que más adelante entraremos a considerar, de los soportes teóricos y metodológicos que fundamentan la intervención psicosocial y la Psicología Comunitaria; todo ello con importante repercusión parar los programa de acción social y determinando la incorporación de psicólogos y de otros profesionales al ámbito de los Servicios Sociales.

Es cierto que no faltan postrados teóricos que vengan recogidos en el marco legislativo de los Servicios Sociales en las diferentes Comunidades Autónomas que, si bien han marcado una distancia con el modelo benéfico asistencial, no han sido suficientes para conseguir, por el momento, las pretensiones expuestas en su declaración de intenciones sobre polivalencia, interdisciplinariedad, prevención, normalización, etc...

Para Carlos Camarero (1989) la ausencia de una Ley Estatal de Servicios Sociales ha producido grandes lagunas legislativas e importantes vacíos en el desarrollo metodológico y doctrinal que hubiera definido un modelo básico referencias, respetuoso con las diferentes geográficas y autonómicas.

Entre los olvidos legislativos o normativos, por citar sólo algunos ejemplos, se encontrarían la dotación de personal para los equipos multiprofesionales y las modalidades de intervención.

Con todo, hay que reconocer la importancia y la repercusión que para todo el sistema público de Servicios Sociales tuvo la creación del Ministerio de Asuntos Sociales en 1988 y la puesta en marcha del Plan Concertado con las Comunidades Autónomas. Nos consta que los esfuerzos se han venido dirigiendo, desde la Dirección General de Acción Social, no sólo a evitar la disparidad e intentar coordinar las diversas respuestas administrativas a las necesidades sociales, sino, más recientemente, a implantar un modelo de intervención comunitaria, que quizá, ha venido a formar parte de esa ambivalencia de. sistema, además de tropezar con otros escollos como los costes de aplicación del modelo y los cambios y avatares políticos que, sin lugar a dudas, repercuten en la labor profesional y determinan la incorporación de recursos humanos a la acción social.

Es aquí donde se ha producido un cambio importante: las ayudas dejan de ser graciables para ser un derecho de toda la población, incrementándose la cantidad y calidad del sistema respecto a servicios y prestaciones con su repercusión, al menos en los últimos años, en la dotación presupuestaria de los Servicios Sociales.

El riesgo de ambivalencia se produce cuando la necesidad se entiende de un modo restrictivo limitándolo a la privación o escasez de medios, porque ello va a orientar la respuesta institucional y a potenciar los programas de prestaciones.

Un sistema que pretende la igualdad y la calidad de vida de los ciudadanos, no puede basarse en garantizar, preferentemente, los diferentes tipos de prestaciones, ayudas o subvenciones, porque en época de crisis económica puede suceder lo que en Buriada (Navarra) que a la hora de priorizar dejan sin financiación programas enfocados a la prevención de la inadaptación social, sin tener en cuenta el esfuerzo y el trabajo profesional que se venía realizando con la población en riesgo de marginación social.

Desde una óptica actual se tiende a capacitar más al individuo, considerándolo como ente activo en la intervención. Dentro de esta orientación, la necesidad se conceptualiza en el marco de una compleja malla de relaciones entre la persona y su entorno -orientación ecológica- y en la que la necesidad es solamente un componen te más (Musitu y Castillo, 1992).

Siendo positivo que las políticas sociales se dirijan a proteger y garantizar el bienestar social de la población mediante unos mínimos -aunque no deberían de serio tanto- e incluso entendiendo que los ciudadanos presionan y exigen que se den respuestas a sus demandas de ayudas y subvenciones, existen problemáticas que superan las expectativas de una prestación concreta y que un trabajo laborioso de hacer emerger demandas, que no se ajustan a la concepción «popular» de los Servicios Sociales, o una correcta reformulación de las mismas puede posibilitar una intervención psicosocial con el objetivo de lograr la normalización y competencia de la persona, grupos o colectividad.

Es en Servicios Sociales Generales donde tiene mayor sentido una intervención menos focalizada, sin que ello suponga que se trata de un proceso menos complejo o exento de intervenciones que buscan cambios. Una perspectiva integral de las necesidades y de sus posibles soluciones no puede quedarse siempre en el umbral de los problemas sin modificar las causas que los generan.

Cuando las situaciones se perpetúan, el usuario se ínstala en una actitud pasiva, recreándose en ella y utilizando diferentes servicios, tanto de atención primaria como especializada, con el consiguiente coste económico para el sistema.

Por otra parte, es sabido que la pasividad produce situaciones de dependencia respecto a las instituciones y termina obstaculizando los procesos de desarrollo personal, resultando ser cada vez menos competentes en la resolución de problemas, así como en afrontar sus propios riesgos, o lo que es lo mismo, en vivir.

Es, pues necesario ahondar en las causas que generan y mantienen las carencias, aportando habilidades y estrategias a las personas o grupos para que sean capaces de responder a las exigencias que les plantea su entorno. Es en esta dirección por donde deberían incidir las estrategias de la acción social, especialmente en el nivel de atención primaria que prestan los Servicios Sociales Generales.

Resulta imprescindible que los responsables políticos, cada uno en su nivel, en sintonía con los profesionales diseñen respuestas para las necesidades sociales a medio y largo plazo, más allá de las exigencias coyunturales. Cuando no se produce esta armonía, las consecuencias recaen sobre los usuarios de los servicios.

Los obstáculos por los que atraviesa el sistema para instaurar un modelo que garantice la intervención social comunitaria en la red de Servicios Sociales Generales, son de diverso origen; a continuación, analizaremos algunas de estas dificultades, son de diverso origen; a continuación, analizaremos algunas de estas dificultades.

Las Leyes de Servicios Sociales se inspiran en principios muchas veces compartidos por los profesionales, pero su desarrollo y aplicación posterior puede verse frustrado, produciendo Sobre el funcionamiento del propio sistema en efecto ambivalente o mezcla de valores positivo-negativo, que culmina con la neutralización en la práctica de esos criterios fundamentales para la acción social.

Hoy, aún más que ayer (a principios de esta década), cuando la palabra turbulencia se pone de moda, aplicada a la economía de los países de la Unión, podemos afirmar que nuestras expectativas de cambio, hacia un mayor entendimiento entre las políticas sociales y la labor profesional, encuentran un nuevo obstáculo, esta vez de consecuencias imprevisibles, porque va a depender de cómo se desarrollen los acontecimientos macroeconómicos que, como una serpiente, agitan a la CEE.

En el contexto actual y a pesar de las medidas restrictivas o de crecimiento cero que puedan adaptarse y que afecten a los programas de Servicios Sociales Generales, seguirá vigente la necesidad de que las Administraciones aproximen y concilien sus formulaciones y postulados teóricos en el área de Bienestar Social con el modelo de intervención comunitaria, desde una perspectiva ecológica, adoptando las medidas que aproximen los recursos económicos a los municipios, haciendo realidad el que «una peseta valga por dos».

Los Servicios Sociales Generales, como otros sistemas, son sensibles a políticas «economicistas» seguidas desde algunas Administraciones, porque repercuten en la contratación de profesionales para los equipos, tanto en número como nivel de titulación o especialidad y, en consecuencia, afecta al desarrollo de los programas.

Otro factor a tener en cuenta para implantar un modelo de intervención social son los cambios de rumbo en política social cuando varían los responsables de la misma. Esto es más patente allí donde el Gobierno Autonómico o Municipal, con los vaivenes que da la política, a escorado a la derecha.

Existen también otras responsabilidades compartidas, en parte, por la Administración Central y las Comunidades Autónomas, a la hora de confeccionar y distribuir los presupuestos, especialmente en lo que se refiere a la consolidación de Centros de Servicios Sociales, cuando se contemplan sólo UTS como todo equipo «interdisciplinar», sin el apoyo de unidades de asistencia técnica.

La acreditación de centros y servicios debería contemplar la existencia inequívoca de equipos que por su composición y número de profesionales garanticen la intervención social, que requiere de varias disciplinas y nunca debe ser «el producto de una ciencia que utiliza ciencia auxiliares» (Apostel y otros, 1982). Tampoco es serio su poner que la interdisciplinariedad depende del enfoque que se le dé a las problemáticas planteadas, dando lo mismo qué profesionales, compongan el equipo, pudiendo ser todos de una misma disciplina. Podemos estar d acuerdo en lo primero, pero no en lo segundo porque e tanto como justificar el desorden y la confusión.

En este análisis, tampoco dejar a un lado las actitudes de los mismos profesionales en las dinámicas internas de los equipos, cuando dificultan la unificación de criterio para una acción social interdisciplinar, reforzándose posturas corporativas en defensa de «espacios profesionales».

Por último, es necesario referirse a la creciente tendencia a utilizar la fórmula de prestación de servicios par: aplicar programas de Servicios Sociales Generales, lo que dificulta, en la práctica, aspectos tan importantes para la acción social como la coordinación y la utilización de técnicas y métodos que sean válidos a nivel comunitario.

A nuestro juicio, además de las razones expuestas anteriormente y que afectan al marco conceptual y método lógico de los Servicios Sociales, creemos que no se está valorando suficientemente la contribución que los psicólogos, como profesión podemos hacer, desde la acción directa, en la prevención, análisis y modificación de situaciones que afectan a la interacción de la persona con su medio.

Mientras que desde nuestra orientación preventiva, se considera que aportar recursos y capacitar a los miembros de una comunidad, potenciará sus defensas y se evitarán múltiples problemas psicosociales (Musito y Castillo, 1992), se siguen apuntando respuestas puntuales a le que sólo son manifestaciones o síntomas de los auténticos problemas.

Cuando se publicó el número 41/42 de «Papeles del Psicólogo», en diciembre de 1989 el «a fondo» sobre Psicología y Servicios Sociales, se partía de la escasa presencia de los psicólogos en el ámbito de los Servicios Sociales Generales, pero existía un optimismo basado en las expectativas de empleo, que fue correspondido con un incremento de contrataciones al inicio de los 90 y que recogen I Quintanilla y R. Díaz en el estudio, encargada por COP, sobre el perfil socioprofesional de los psicólogos, concluyendo que en esta área de intervención se ha producido un notable impulso en los últimos años, probablemente favorecido por los programas políticos de las instituciones públicas que han enfatizado los servicios de asistencia e intervención social, en los que los psicólogos juegan un papel importante, importancia que, por otra parte, han visto reconocida en sus contratos de trabajo.

En el mismo estudio se obtiene un dato interesante respecto a la colaboración interdisciplinar de los profesionales de los Servicios Sociales, en el que puede afirmarse que los psicólogos que trabajan en este ámbito son los que se relacionan por su actividad y en un mayor número de ocasiones con otro tipo de profesionales, a bastante distancia de otras áreas de intervención de la Psicología. Con este resultado se refuerza, en la práctica, la opinión vertida sobre la interdisciplinariedad de la acción social.

Desde 1989 hemos venido escuchando propósitos de ampliar de forma considerable la red básica de Servicios Sociales, objetivo que, en el contexto actual, resulta ambicioso, pero que, en cualquier caso, es necesario y al que debe acompañar una mayor concreción en las plantillas de los Centros de Servicios Sociales, composición, funciones, metodología de intervención, etc.

Sin embargo, en 1992, se dibuja un horizonte de preocupación que no sólo puede seguir afectando a la incorporación de psicólogos en este ámbito, sino a otros profesionales de la intervención social, pues, aunque el objetivo de cambio social que justifica la intervención psicosocial se mantiene, los problemas macroeconómicos y el actual sistema de prestaciones básicas, desplazan a nuestra profesión a un nivel de asesoramiento y apoyo técnico. Si bien es cierto que el psicólogo puede aportar su perspectiva en funciones técnicas referidas a la elaboración de planes y programas; tareas de elaboración; estudio y gestión; investigación; diseño de campañas; organización de recursos; gerencia de centros, etc., no lo es menos que el psicólogo en los Servicios Sociales Generales es un profesional de la acción directa o, dicho de otro modo, es un trabajador social más que tiene una formación y entrenamiento que aportar en el análisis y metodología de la intervención social y, consecuentemente, puede estar integrado en equipos interdisciplinares, donde, como decíamos antes, no debe buscar espacios acotados de integración profesional, sino que ha de poner a disposición del equipo aquellos conocimientos y experiencias para mejorar la calidad de vida de personas, familias o grupos. Este enfoque supone pasar de:

- Una Psicología con enfoque descriptivo a un énfasis de intervención.

- De un enfoque individualista a un enfoque social y comunitario.

- De una clara distinción entre Psicología Básica y Psicología Aplicada a una estrecha relación entre investigación e intervención profesional.

- Mayor conciencia de las características de la Psicología, no sólo como disciplina científica sino también como tecnología y como profesión.

Nuestras aportaciones a la metodología de la intervención social pueden enriquecer y complementar el trabajo que vienen realizando otros profesionales de la acción social, ya que podemos contribuir a establecer cuáles son las causas desencadenantes de la situación en la que se va a intervenir, utilizando los instrumentos y técnicas al uso. El psicólogo puede aportar aquellos criterios que permitan situar la problemática dentro de su contexto, dirigiendo la intervención psicosocial a modificar los procesos que crean y mantienen las situaciones.

Así pues, la Psicología la Intervención Social se centra en el estudio de los factores y variables psicosociales que inciden en la interacción de la persona con su medio ambiente o contexto social, con la finalidad de proporcionarle instrumentos o dotarle de competencias que le permitan desarrollar su capacidad de control y dominio sobre lo que le rodea, modificando tanto la calidad como la intensidad de las respuestas utilizadas por las personas o grupos cuando se enfrenta a sus problemáticas.

En definitiva, el objetivo de cambio social para mejorar una situación, para cubrir determinadas necesidades, es lo que justifica la intervención social y psicosocial, especialmente aquélla asumida desde las Administraciones Públicas, es decir, la que se desprende directa o indirectamente de las políticas sociales.

En cuanto al número de psicólogos que están trabajando en centros y equipamientos de Servicios Sociales Generales, no existe una información actualizada y completa, por lo tanto sólo podemos aproximarnos a una realidad explorada parcialmente. En esta recopilación de información se encuentran comprometidos la mayor parte de las Comisiones de Servicios Sociales en las Delegaciones del COP, siendo su objetivo prioritario en sus programas de actuación para 1992.

Como se recordará, también la FEMP realizó un estudio sobre los Centros de Servicios Sociales en municipios de más de 20.000 habitantes en 1990, pero, por el momento, sólo existen datos globales.

Por su parte, la Dirección General de Acción Social, nos ha facilitado la información que le proporcionan las Comunidades Autónomas acogidas al Plan Concertado, referida al número de trabajadores que desarrollan su labor en Centros de Servicios Sociales, siendo los psicólogos los titulados superiores con mayor presencia en estos centros, Por Comunidades Autónomas, el porcentaje más alto de psicólogos trabajando en CSS se da en Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia (evaluación realizada en 1990).

Si tomamos una provincia, por ejemplo, Castellón, Podemos ver que la distribución de los profesionales entre los 33 equipos de base, no responde al objetivo de trabajo interdisciplinar, pues aunque todos los equipos cuentan con asistente social, con muy pocos los que tienen más de dos profesionales de disciplinas diferentes, y 13 de estos equipos tienen un solo trabajador social.

El número de trabajadores en la provincia de Castellón, en Servicios Sociales Generales, distribuidos por disciplinas es el siguiente:

- Asistente social ...39

- Psicólogos ...7

- Educadores ...16

- Animadores socioculturales ...1

- Pedagogos ...1

Sí tomásemos otra provincia o incluso comparecemos entre dos o más Comunidades Autónomas, podríamos observar la enorme diversidad existente en la composición de los equipos en Servicios Sociales Generales, diversidad que ni siguiera responde a la necesidad de adaptarse a realidades diferentes.

Las dificultades por las que atraviesa la sociedad del bienestar son múltiples y resulta necesario aunar esfuerzos entre el nivel político y los profesionales de la acción social para que el cambio hacia una perspectiva integral de las necesidades de personas y grupos pueda ser una realidad.

Los psicólogos debemos contribuir a este cambio, aportando, desde los equipos de CCS, a la metodología de la intervención psicosocial los conocimientos, técnicas y contribuciones de la Psicología social, teniendo en cuenta el objeto de trabajo y desarrollando un modelo de intervención que sea válido a nivel comunitario.

Resulta fundamental que los responsables políticos confíen en la eficacia del trabajo interdisciplinar y que, sintonizando con el modelo de intervención comunitaria, adopten las medidas necesarias para que las plantillas de los Centros de Servicios Sociales cuenten con las profesiones o disciplinas que puedan realizar intervenciones que atiendan la pluricausaridad de cualquier proceso de marginación, abarcando desde elementos relacionases, hasta el análisis de conflictos y necesidades.

Por último, es deseable que los problemas macroeconómicos que, según parece, afectarán a nuestro país a corto y medio plazo, no supongan un recorte presupuestario que impida el desarrollo creciente que han venido experimentando los Servicios Sociales Generales en los últimos años y que, finalmente, los programas de acción social se orienten a conseguir un verdadero cambio en la Comunidad.