Papeles del Psicólogo, 1993. Vol. (55).

ADOLFO HERNÁNDEZ GORDILLO.

Decano colegio Oficial de Psicólogos.

La realidad española de los últimos meses obliga a dedicar este editorial a reflexionar sobre cómo los psicólogos podemos ayudar a nuestra sociedad a afrontar algunos de los problemas psicosociales que se han manifestado con gran alarma social: manifestaciones de racismo y xenofobia, delitos de violación y asesinato cometidos con adolescentes por personas en situación de permiso carcelario, incumplimientos en el derecho a la intimidad, en particular hacia menores implicados en delitos, etc.

Por tanto, en este editorial, no vamos a preguntarnos sobre qué puede hacer la sociedad por los psicólogos y el Colegio, sino qué podemos hacer los psicólogos y el colegio por la sociedad.

Y ello, no por considerar que los psicólogos vayamos a ser salvadores de la sociedad, o que tengamos poderes mágicos para resolver sus problemas, sino en cumplimiento de lo señalado en el artículo 5ª de nuestro Código Deontológico:«El ejercicio de la psicología se ordena a una finalidad humana y social, que puede expresarse en objetivos tales como: el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los grupos, en los distintos ámbitos de la vida individual y social».

Racismo y xenofobia.

Además de la declaración del COP sobre el racismo y la xenofobia que se publica en este número, el colegio, a través de la Coordinadora Estatal de Psicología educativa, encargó un trabajo a un grupo de psicólogos que recogiera las investigaciones más recientes y apuntara posibles vías de intervención, en particular en el medio educativo. Simplificando mucho lo escrito en el excelente informe, se señala que una de las manifestaciones más características del racismo en las sociedades occidentales avanzadas es lo que denominan «racismo latente»,que funciona no atribuyendo características negativas a los miembros de otros grupos, sino atribuyendo más características positivas al propio grupo de pertenencia.

Es decir, una mayoría de la población manifestaría públicamente reticencias a mostrarse racista (así en un sondeo del CIS en 1991, sólo un 11 por 100 de los españoles votaría a un partido de ideología racista), dado que las actitudes manifiestas se guiarían por la indeseabilidad social asociada al hecho de mostrarse racista , lo que no impediría que mantuviera de hecho actitudes de racismo latente.

El equipo investigador sugiere estrategias de intervención basadas en la teoría del conflicto sociocognitivo.

Por otra parte, de nuevo nuestro código Deontológico en su artículo 10 establece que «en la prestación de sus servicios el/la psicólogo/a no hará ninguna discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia.»

Con motivo de algunos sucesos trágicos ocurridos recientemente, con participación de algún recluso que disfrutaba de permiso carcelario, se ha originado un amplio debate, que condicionado por las circunstancias, y en particular por la explotación amarillista que han hecho muchos medios de comunicación social, en especial los televisivos, de dichos sucesos, ponía en cuestión las políticas de reinserción y rehabilitación carcelarias, y exigía un endurecimiento de las penas, un mayor control o supresión de los permisos, e incluso la reinstauración de la pena de muerte.

Como psicólogos, no podemos estar de acuerdo en volver a políticas exclusivamente punitivas para castigar a los que cometen delitos, sino más bien tenemos que exigir a la sociedad, que sin renunciar al derecho de todo ciudadano a su seguridad, que incremente su política rehabilitadora, aunque ello suponga una mayor exigencia de solidaridad, vía impuestos.

Desde esa perspectiva manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los compañeros que trabajan en los equipos de clasificación y tratamiento, y solicitamos más medios y apoyos para incrementar la eficacia de su trabajo.

El COP se ha adherido al manifiesto de los cien, para equiparar la mayoría de edad penal a la civil, es decir, de los dieciocho años.

Por otra parte, la Junta de Gobierno adoptó un acuerdo en relación al debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (que se publica en este número), en que se muestra partidaria de que sea la mujer la que libremente decida sobre qué hacer con su cuerpo y su vida, recibiendo el apoyo y asesoramiento profesional que pudiera necesitar.

Acordó a su vez, que caso que se aprobara un cuarto supuesto, relativo a estado de angustia o ansiedad, no admitiremos ser excluidos arbitrariamente de una competencia profesional de los psicólogos, ya que en el Anteproyecto de Ley, se señala que la valoración del estado de angustia o ansiedad correspondería exclusivamente a los médicos.

En resumen, ni los psicólogos ni el Colegio podemos desentendernos de los problemas que preocupan a nuestra sociedad, no ya como ciudadanos, sino como profesionales que podemos aportar soluciones parciales o totales a dichos problemas, bien nosotros solos o formando parte de equipos interdisciplinarios.