Papeles del Psicólogo, 1987. Vol. (32).

LIBORIO HIERRO

Subsecretario del Ministerio de Justicia

En primer lugar deseo agradeceros a vosotros y particularmente a Carlos Camarero, la invitación que ya resulta en mi caso familiar para venir a clausurar Jornadas de trabajo organizadas por el Colegio de Psicólogos. En estos años me ha tocado en bastantes ocasiones desempeñar ese rol de "clausurador". Al principio me parecía un poco original decir algo que ya he dicho muchas veces y ya de original no tiene nada, pero que sin embargo voy a repetir: y es que este rol debiera suprimiese o prohibirse bien jurídicamente o bien deontológicamente. Y esto ciertamente porque después de que un grupo lleve dos días o a veces más trabajando precisamente en un tema, venir desde fuera sin haber participado durante las Jornadas (en nombre de algún título externo más o menos aparentemente cualificado) a clausurar, es algo bastante inútil y pretencioso, tanto más si se hace con pretensiones. Tengo muy poco claro para qué sirve esto de venir desde fuera, salvo en casos muy específicos de competencia política, lo que no es este caso. Lo hago sin embargo, como todo el mundo sabe, con más gusto que en ninguna otra ocasión, porque por motivos estrictamente profesionales ya viejos he trabajado para el Colegio de Psicólogos y con el Colegio desde su fundación como uno más.

La cuestión incluso se hace un poco más difícil porque la que, en este caso, es pretencioso es la carta de vuestro decano. El día 29 de diciembre me decía, aparte de otras lindezas, que no me pedía sólo una presencia protocolaria, sino una intervención para esbozar una línea de reflexión para el comportamiento profesional dentro del nuevo estado democrático. Teniendo en cuenta mi falta de cualificación sobre todo lo que pone en el párrafo anterior y lo poco que el cargo que ocupo tiene que ver con este tema, realmente no voy a ir más allá de esbozar un par de ideas que, quizás más por mi profesión universitaria que por el cargo, pudieran pequeñísimamente servir eventualmente para algo a alguien.

La primera, sobre deontología. Una segunda saltando sobre la anterior, sobre otro nivel deontológico: el comportamiento de los colectivos profesionales no de los profesionales.

Sobre deontología, y en este sentido supongo que todos estamos de acuerdo, diré que las normas deontológicas no son estrictamente normas morales, ni tampoco estrictamente jurídicas, sino que se producen y desarrollan en un nivel intermedio. Son usos o normas de carácter profesional, aunque de contenido moral, pero normativamente funcionan en general como usos o reglas sociales intermedias. Como tales normas constituyen un subsistema específico de moral profesional, de relación profesional-cliente, y tienen para el usuario, para el profesional, la virtualidad que toda norma tiene para un miembro de un grupo social, es decir la doble función de servir de garantía y de instancia. De servir de garantía para los demás, para que los demás profesionales y los no profesionales sepan cuál es el límite normativo de la conducta de esos profesionales; y como instancia para el mismo sujeto, en este caso el profesional, que sabe cómo comportarse sin generar disfunciones hacia los demás ni hacia sí mismo.

Ahora bien, como todo sistema normativo, un código deontológico de una profesión admite diversos niveles de análisis y diversos puntos de vista para analizarlo. Al menos creo que son relevantes y tradicionales en la teoría jurídica y en la teoría moral contemporánea, los siguientes: En primer lugar, habría que distinguir el nivel descriptivo normativo, es decir, la pura descripción de cuáles son las normas deontológicas que están formalmente en vigor en un grupo, en este caso en un grupo profesional. Eso suele no plantear grandes problemas, salvo cuando el sistema normativo es muy complejo, como en el caso del Derecho. Pero hay un segundo nivel que es de descripción no normativa sino sociológica de esas normas. Es decir, en qué grado son eficaces esas normas, en este caso el código deontológico de un grupo profesional. 0 dicho de otra forma, en qué grado se cumple por los sometidos a él.

Hay un tercer nivel de análisis distinto, el valorativo o metanormativo. ¿Cuáles son las normas que deberían funcionar como deontología de un grupo profesional?, es decir, al margen de las que estén en vigor y al margen de las que sean eficaces en un grupo, ¿son ésas solas las que deben regular la conducta profesional de ese grupo o no? El trabajo que ahora hace el Colegio de Psicólogos es este trabajo normativo, metanormativo, de discutir qué normas deben ponerse en vigor y éstas expresarán un deber de comportamiento para el profesional.

Estos tres niveles de análisis de cualquier sistema normativo y en este caso de un código deontológico, pueden provocar más sorpresas de las que en principio parecería. El primer nivel plantea la pura descripción normativa que es más o menos sencilla. En el segundo y tercer nivel, las conclusiones a las que cabe llegar dependen a su vez de puntos de vista muy relevantes; particularmente, como siempre que se habla de normas, de si se adopta un punto de vista externo o interno.

Me explico: Al analizar cuáles son las normas efectivamente seguidas por un grupo profesional (por ejemplo: cuál es el comportamiento deontológico de los médicos o de los jueces en nuestro país), estaréis todos de acuerdo en que es sumamente distinto el conjunto de afirmaciones que harían médicos o jueces que lo que en general harían sus usuarios. Sería un verdadero esfuerzo sociológico conseguir llegar a una objetividad que conciliara en una descripción veraz cuál es verdaderamente el comportamiento deontológico de los jueces o de los médicos. En el tercer nivel, en la valoración del sistema normativo, también habría una gran diferencia. Si preguntamos a los médicos y a los jueces qué normas deben regular su profesión al margen de las que regulen ahora, si hay que cambiarlas o no, si son suficientes, y si preguntáis después a los pacientes y a los litigantes, las respuestas también serán enormemente distintas.

Este tipo de disociación -que por supuesto se puede aplicar en términos mucho más crispados si nos referimos a los sacerdotes o a los militares- es claramente el producto del rol social que una profesión va consolidando, y de su grado de participación en el poder; y por lo tanto de su capacidad también para imponer sobre otros grupos sociales determinadas conductas y a su vez de su capacidad para satisfacer determinadas expectativas del grupo. La disociación a ese respecto puede ser mayor o menor. Creo que es mayor en la medida en que un grupo profesional se distorsiona más ideológicamente del contexto social, tiende a desempeñar más una posición de poder y a ejercerla más en su propio beneficio y en perjuicio de los demás. Cuando eso se produce, el grupo reacciona ante la distorsión con una tendencia natural a autoprotegerse, que en el caso de los grupos profesionales habitualmente se manifiesta como una autodefensa de su imagen y de la integridad, exclusividad y límites claros de su ámbito de poder, de competencia profesional. Esta defensa a veces se convierte en obsesión para un grupo profesional.

La Psicología es en nuestro país una profesión bastante joven y sana ideológicamente, posiblemente porque detenta bastante escaso poder hoy por hoy. Esa clara juventud se manifiesta en el proyecto de código deontológico que habéis manejado. Es curioso que no aparece de forma explícita la defensa de la integridad y de la imagen colectiva profesional. Pero es más, toda la psicología es una profesión joven y por eso relativamente sana desde el punto de vista ideológico estructural. Por eso es curioso que en el documento número 12 que habéis manejado, veréis que uno de los ítems que incluye, uno de los principios cuya aparición confronta con los diversos códigos deontológicos que compara es el de la protección de la integridad y nivel social de la profesión. Este principio es el menos repetido en los códigos deontológicos de los psicólogos, hasta el punto de que sólo dos países, EE.UU. y Holanda, lo recogen explícitamente. Implícitamente aparece sólo en tres, entre ellos España. Sin embargo no es tan extraño recoger este principio. El código deontológico de los licenciados en Ciencias Políticas lo tiene corno el primer principio enunciado. En el código deontológico médico aparece en el título preliminar entre los principios previos, en el artículo 4.

Creo que este es el estado de la cuestión entre vosotros y que es un buen estado, aunque el desarrollo y la consolidación profesional corren el riesgo de ir solidificando respecto al entrono social esa disociación, esa diferente versión deontológica que se impondrá desde dentro o desde fuera en la medida en que se defrauden las expectativas del resto de la sociedad.

La imagen de la profesión, la defensa a veces agresiva de esta imagen, es la natural reacción cuando eso se produce, y hay que evitarla en lo posible. Una profesión crea, transmite y vende la propia imagen de lo que hace haciéndolo, sin necesidad de una actividad específica de defensa de su imagen, y cuando eso ocurre, algo falla y por otra parte en esos casos la situación debe ser muy frágil. La imagen de los profesionales suele parecerse mucho a la camisa de las lámparas de gas, que como todo el mundo sabe, brillan mucho, pero si se les roza con el dedo se deshacen. Esas imágenes brillantes de las profesiones muy consolidadas suelen admitir muy poco roce con la realidad. Sin ir más lejos, en nuestro país, aquellas profesiones que se han lanzado más desarboladamente a defender su imagen, la pierden por segundos.

La segunda cuestión a la que me iba a referir, decía que era la deontología en un sentido distinto, aunque relacionado con este tema de la imagen de la profesión. Es decir, la deontología o las normas de comportamiento no de cada profesional, sino del colectivo, en este caso del Colegio.

Los Colegios profesionales han tenido un profundo arraigo en nuestro país, al que no es ajeno el período de 40 años de dictadura y sistema corporativo. Los Colegios

profesionales (para quienes hemos vivido la experiencia de la lucha contra la dictadura y la lucha por la democracia y luego por su consolidación) fueron un instrumento o plataforma de trabajo en los cuales luchamos por politizarnos, por utilizarlos para la lucha política. Nos enfrentamos con los que habitualmente los dominaban en nombre de una profesionalidad que, en términos de comportamiento público, quería decir apoliticismo, movimiento exclusivamente interno a las fronteras de los intereses mutualistas de los profesionales afiliados, y que en definitiva quería decir defensa del Estado entonces existente, es decir, de la propia dictadura.

Sin embargo, consolidada la democracia, los roles han cambiado sorprendentemente de sitio, Los profesionales, las candidaturas profesionales, los grupos ideológicos que defienden el profesionalismo y la independencia en los Colegios, suelen aparecer hoy al frente de ellos para utilizarlos en nombre de los intereses profesionales extrapolándolos al máximo posible, realizando una tarea política antigubernamental. Mientras que ciertos sectores más sensibles políticamente corren el riesgo de perder toda influencia y control en las organizaciones profesionales abandonando la perspectiva política fuera de las puertas de la vida profesional. Es curioso cómo colectivos profesionales que al parecer hace 40 años no tenían nada que decir sobre la tortura, porque no tenía nada que ver con su profesión, hoy pueden pronunciarse continuamente sobre la ley despenalizadora del aborto en ciertos casos, porque eso sí tiene que ver con su profesión.

Es bastante difícil de definir cuál es la norma deontológica de los Colegios profesionales corno tales colectivos en el Estado democrático. La profundización que puede tener un Colegio profesional en una sociedad democrática sólo puede derivarse, en principio, de que efectivamente limite su actividad a la profundización del trabajo profesional de sus colegiados, a ejercer el control normativo, el reciclaje permanente de carácter técnico y científico, a mejorar los cauces de servicio al ciudadano, la cooperación internacional, la relación institucional con otras profesiones limítrofes, etcétera.

Esto no impide, desde luego, la visión de que la corporación, como cualquier colectivo, tiene una dimensión política que cumplir, tiene una dimensión pública, y tiene una serie de temas que sin ser el estricto ejercicio de la profesión, sí son proyección de ella sobre la vida social y es una obligación mantener ese compromiso y una actividad pública o política de la corporación en todos aquellos temas en los que se proyecta el contenido profesional o la capacitación científica de esa profesión.

Esta proyección no se satisface con ese viejo resorte corporativo, que hoy tanto se exige y está en la Ley de Colegios Profesionales, que es el informe preceptivo reglamentario. Este es el típico recurso dictatorial, donde nadie opina sobre nada; no existe el Parlamento, ni la libertad de prensa, pero es muy fácil poner en una Ley que el Colegio Profesional de Ingenieros tendrá derecho a informar preceptivamente el Reglamento de Minas, informe que, por otra parte, no sirve para nada y no vincula a nadie. Es una falacia este tipo de informe.

En consecuencia, no se trata tanto de exigir esos pequeños resortes reglamentarios, como de ejercer la actividad profesional con una proyección social, cultural, política, amplia y extensiva.

Sin embargo sería muy radical en decir (con un claro limite frente a la actividad política no profesional) que hay que vencer lo que ahora es el riesgo que vivimos:

cuando las opiniones profesionales se transustancian de repente. Así ciertos médicos parecen muy preocupados por la Ley Penal, ciertos fiscales estaban preocupadísimos por la entrada de España en la OTAN, etcétera.

Eso son monstruosidades. Monstruosidades propias de la transición democrática y del choque de los viejos intereses y resortes de poder con la nueva sociedad, a lo cual estos días se suma el creciente corporatismo neoliberal que se extiende en Occidente y que tiende inevitablemente a deslegitimizar la democracia directa en la misma medida en que la democracia directa ha avanzado y conseguido una mayor control, aunque sea difuso y escaso, del poder por el pueblo. Ahora los neoliberales defienden cada vez más un corporativismo, un tipo de neocorporatismo, que tiende a introducir mediaciones profesionales y sectoriales y corporativas en la formación de la voluntad popular.

Creo que hoy la imagen de los psicólogos en España, no es ni muy buena ni muy mala, porque todavía es incipiente, lo cual es suficientemente bueno. En todo caso, creo que nunca a nadie debe obsesionarle ese mito de la imagen colectiva, ni en el sentido de todos y cada uno de los profesionales, ni en el sentido de la imagen del Colegio, de la corporación. En todo caso, los psicólogos nunca podréis llegar a tener ante los usuarios una imagen muy buena, porque en eso compartís con nosotros, con los abogados, lo que ya Lord Simón -un inglés que llegó a Lord canciller- llamó el "prejuicio fastidioso", que Duncan explica así: "Sería una tontería pretender que los abogados provocan nada más que respeto y admiración en la gente. La Ley sólo crea dificultades y aquellos que ya están en dificultades, y no es sorprendente eso que Lord Simón llamaba un "prejuicio fastidioso que se crea contra quienes parecen vivir de las desgracias ajenas".